A 65 AÑOS DE LA REFORMA AGRARIA: EN DEFENSA DEL CAMPESINADO CUBANO

Cuando era juzgado por un tribunal de la dic­tadura batistiana, después del asalto al cuartel Moncada, Fidel denunció las terribles condicio­nes de vida del proletariado agrícola y el campe­sinado. En su alegato conocido como La historia me absolverá, denunciaba, entre otras cuestiones: “el 85 % de los pequeños agricultores cubanos están pagando renta y viven bajo la perenne amenaza del desalojo de sus parcelas”; “más de la mitad de las mejores tierras de producción cultivadas están en manos extranjeras” y “[…] hay doscientas mil familias campesinas que no tienen una vara de tierra donde sembrar una vianda para sus hambrientos hijos y, en cambio permanecen sin cultivar, en manos de los pode­rosos intereses, cerca de trescientas mil caballe­rías de tierras productivas”.1

Según el Censo de Población y Vivienda de 1953, en las zonas rurales, el analfabetismo era de un 41,7 % entre los campesinos mayores de 10 años, y las enfermedades endémicas como el parasitismo, el paludismo y otras afectaban a niños y adultos, porque no existía ni la más elemental asistencia médica. Sobre el estado de las viviendas, este censo oficial demostraba que el 75 % del total era de yagua, madera y piso de tierra, que el 54 % carecía de inodoro o letrina sanitaria, que el 90 % no tenía baños, y que el 87,6 % se alumbraba con luz brillante.

En 1957, en una encuesta realizada por una organización católica se conoció que en la pobla­ción rural solamente el 4 % comía carne, el 1 % pescado, el 2,1 % huevos; el 11,2 % tomaba leche y el 3,4 % consumía pan.

Al triunfar la Revolución, uno de los propósi­tos de la dirección revolucionaria era erradicar la situación de abandono, abuso y arbitrariedad de los latifundistas contra el campesinado cuba­no y, en consecuencia, el 17 de mayo de 1959, se dictó la ley de Reforma Agraria que convirtió en propietarios a todos los que trabajaban tierras ajenas y asestó un duro golpe a los latifundistas nativos y a las compañías norteamericanas pro­pietarias de grandes extensiones de tierra.

Como era de esperarse, antes de transcurrir un mes de la firma, se agudizó la lucha de clases y uno de sus más elocuentes signos fue la compa­recencia por televisión del presidente de la Aso­ciación de Hacendados, Armando Caíñas Mila­nés, institución de extrema derecha que, hasta el mes anterior, trataba de congraciarse y neutrali­zar la Revolución, ofreciendo incluso 10 000 no­villas “cargadas” para la Reforma Agraria. En­ tonces saltó con mal disimulada desesperación: “Me extraña que Felipe Pazos y Justo Carrillo no hayan hecho manifestaciones públicas rogándo­le al gobierno la revisión de la ley […] lo que nos preocupa es el derecho a la libre empresa y el derecho a la propiedad privada”. En su impa­ciencia, el rico hacendado no vacilaba en come­ter la imprudencia de virtualmente delatar a los todavía ministros que el tiempo se encargaría de señalar como lo que realmente eran: instrumen­tos de la burguesía y el imperialismo.

En el mismo programa, manos trabajadoras hacían aparecer, superpuesto a la imagen y las palabras de Caíñas: “Pero la Reforma Agraria va”. La luminosa consigna se hacía protesta tumultuaria a la salida del presidente de los hacendados de Radiocentro. Los artistas y em­pleados de la CMQ gritaban enardecidos: “¡lati­fundista!”, “¡latifundista!” en la propia cara del millonario.

El diario Revolución revelaba días después que lo ocurrido no era una casualidad ni un hecho aislado. La copia fotostática de una carta del apoderado de la Francisco Sugar Co. daba a co­nocer al indignado pueblo cómo los hacendados habían reunido un fondo de medio millón de pe­sos para hacer propaganda en la prensa contra la Reforma Agraria.

Los principales diarios del imperio la em­prendieron contra la ley, a pesar de que el límite máximo de 30 caballerías (402 ha) era calificado de generoso en Europa occidental. El Journal of Commerce, por ejemplo, señalaba impúdicamen­te que era “una agresión a los intereses azucare­ros norteamericanos”, y amenazaba con reducir la cuota azucarera de Cuba en el mercado nor­teamericano, medida que no se hizo esperar.

La desesperación contrarrevolucionaria re­curría al terrorismo y comenzaron a estallar petardos en la capital. La escalada dirigida por la CIA llegó a límites insospechados. Sus pro­pias confesiones ante la comisión del Senado norteamericano, 15 años después, asombraban al mundo; era difícil imaginar cómo una po­tencia tan poderosa había puesto en juego to­dos sus recursos para acabar con un pequeño país.

Sin embargo, la ofensiva no tomó por sorpresa a los revolucionarios cubanos. Fidel emprendió una infatigable jornada de esclarecimiento político du­rante el mes de junio. De igual modo, organizó para la aplica­ción de la ley, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), entre cuyas facul­tades y funciones estaba la de organizar coope­rativas de producción y coordinar campañas de mejoramiento de las condiciones de vivienda, salubridad y educación de la población rural. También, la Asociación Nacional de Agriculto­res Pequeños (ANAP), organización campesina de carácter masivo y voluntario a nivel nacional, fundada en el Congreso Campesino de 1961, sig­nificó un paso importante para lograr la partici­pación de las masas campesinas en el desarrollo rural integralmente concebido.

Entre los beneficios que trajo la ley al campe­sinado, se pueden mencionar: terminó con el sistema de aparcería y con el pago de la renta, al convertir en propietarios a quienes trabajaban la tierra; eliminó el problema de los precaristas y los desalojos; acabó con el desempleo en el campo y elevó el poder adquisitivo de las masas campesinas.

A la vez, por primera vez en Cuba, las cons­trucciones agropecuarias tomaron un ritmo in­usitado con la instalación de centros de cría, va­querías, presas, regadíos, caminos, etc., todo lo cual requería de la mecanización de la agricul­tura y su progresivo desarrollo. En el corto lap­so de dos años (1959-1960) fueron construidas más de veinte mil viviendas en las áreas rura­les, cifra que superó el total de viviendas rurales construidas antes del triunfo de la Revolución.

En resumen, la primera ley de Reforma Agra­ria no solo llevó a cabo el proceso de redistribu­ción de la tierra y la propiedad sobre esta, sino que “constituyó el primer y más importante paso dado por la Revolución Cubana para cumplir las tareas de liberación económica y social, las cuales no solo abarcaban problemas vinculados con la vida de los campesinos y trabajadores agrícolas sino, en general, de todo el pueblo”.2

1 Fidel Castro: La historia me absolverá, Editorial de Cien­cias Sociales, La Habana, 2021, p. 67.

2 Eduardo del Llano. “La 1.a ley de Reforma Agraria: rasgos y características”, en Cuba Socialista, no. 40, ju­lio-agosto de 1989, p. 8.